Desde ahora peleas, empujones, hurtos y amenazas entre estudiantes deberán ser denunciados en la Justicia
Preocupación en directivos y docentes. A partir de la nueva ley, la escuela está obligada a denunciar penalmente conductas que antes se resolvían dentro del colegio. También los padres deberán hacerse responsables.
La entrada en vigencia de la nueva Ley Nacional N.º 27.801 (que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años) tiene un impacto profundo y directo en la educación secundaria.
Al volver punibles a adolescentes de primer y segundo año de la escuela media, el ámbito escolar deja de ser un espacio puramente educativo para cruzarse de forma inédita con el sistema judicial.
Por eso la semana pasada, como informó LA PALABRA, inspectores, directores y docentes comenzaron a reunirse, para debatir sobre su aplicación, actuar conforme a la ley y adecuar el día a día en las aulas a la nueva normativa.
También las familias deberán adaptarse. Los padres ocuparan un rol central dentro de la nueva ley y por tal motivo a partir de las próximas semanas comenzarán a ser convocados por las escuelas, para participar de reuniones y jornadas.
Principales impactos en la escuela secundaria
Obligatoriedad de denunciar conflictos: Anteriormente, las peleas fuertes, amenazas o hurtos entre alumnos de 14 y 15 años se resolvían de manera interna mediante equipos psicosociales y sanciones administrativas.
Con el nuevo régimen, directores y docentes enfrentan el dilema o la obligación legal de denunciar penalmente conductas que configuren delitos, lo que podría derivar en la judicialización de la convivencia escolar.
Garantía de escolaridad obligatoria:
La normativa determina que la privación de la libertad debe ser el último recurso y fija penas máximas de hasta 15 años en establecimientos exclusivos para menores.
Para quienes cumplan detenciones o medidas alternativas (como el monitoreo electrónico), la ley exige garantizar la continuidad pedagógica y el acceso a la educación formal, forzando a los ministerios de educación a articular aulas y trayectos formativos dentro o en conexión con los centros especializados.
Revisión de protocolos y guías escolares:
Las escuelas se ven obligadas a actualizar de urgencia sus herramientas de abordaje o códigos de convivencia.
El personal docente deberá capacitarse para diferenciar qué es una falta disciplinaria y qué constituye un delito formal.
Cambios en el diseño curricular:
Autoridades comenzaron a analizar cambios en los contenidos vinculados al derecho y al nuevo Régimen Penal de Minoridad en las materias ciudadanas, buscando que los jóvenes comprendan la responsabilidad legal de sus actos a partir de los 14 años.
Articulación con las familias:
Dado que la ley impone también la responsabilidad civil y patrimonial de los padres por los ilícitos de sus hijos, las escuelas se transforman en un escenario central para concientizar a los tutores sobre la gravedad del nuevo marco legal y la necesidad de co-educar en la prevención de la violencia.